La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) emitió un comunicado ayer en el que aclaró que, de acuerdo a una normativa emanada del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y aplicada a las distribuidoras por parte de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), este año únicamente se transfirió el aumento de costos del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), en cumplimiento de la Resolución ENRE 75/2017.
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“En el ámbito de la competencia de aquellos organismos nacionales, se efectuaron sendas audiencias públicas en el marco de procesos a través de los que se resolvieron los traslados de los costos.
Estas decisiones no se tomaron en la provincia”, sintetizó la DPEC en un escrito a la Justicia, dejando en claro que no es competencia del organismo provincial.
El traspaso de los costos aplicados por las normativas en el ámbito nacional permite, a la empresa provincial, el recupero correspondiente para poder prestar el servicio público de la distribución y suministro eléctrico.
Tres costos
Desde la distribuidora correntina explicaron que la tarifa de la DPEC considera tres costos: a) costo de compra de potencia, energía y servicios de transporte de electricidad, b) costos propios de la distribuidora local requeridos para la prestación del servicio (VAD) y c) los impuestos.
Así, los costos de compra comprenden aquellos importes tanto del mercado mayorista administrado por CAMMESA como los de otras distribuidoras, tal es el caso de ENERSA, de la provincia de Entre Ríos, que abastece a las localidades correntinas de Mocoretá y Sauce.
En el caso del mercado mayorista, las tarifas aplicadas por CAMMESA son aprobadas por la Secretaría de Energía Eléctrica de la Nación.
Ante el incremento de los costos por parte de quienes venden la energía a DPEC, la empresa provincial se limita a trasladar proporcionalmente dichos valores, a fin de cubrir la prestación del servicio.
Vecina provincia
En el escrito, las autoridades de DPEC hicieron alusión a la situación que se vive en la provincia de Chaco, jurisdicción en la que el Defensor del Pueblo cuestionó - ante la Justicia Federal - el traslado de los costos de la energía, compra y transporte, a los usuarios del servicio de aquella provincia, impugnando las normales nacionales que dispusieron esos mayores costos.
En ese caso, se apunta a los actos administrativos que dieron origen al incremento de costos para las distribuidoras, no así a la empresa provincial que no tiene participación en tales decisiones.
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Fuente: Diario Epoca
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